La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo que ha generado un fuerte debate entre legisladores, juristas y organizaciones civiles. El cambio más polémico: limitar el uso de este recurso legal para suspender leyes o actos generales mientras se resuelve su constitucionalidad.

Con 258 votos a favor, 213 en contra y una abstención, la mayoría parlamentaria respaldó la iniciativa impulsada por Morena. La reforma establece que los jueces ya no podrán conceder suspensiones que frenen la aplicación de normas generales —como leyes o reglamentos— si estas afectan a toda la población, incluso cuando se presenten amparos individuales.

Según los impulsores, el objetivo es evitar que unos pocos frenen decisiones que afectan a todos. Sin embargo, críticos advierten que esto debilita una herramienta clave para proteger derechos humanos frente a abusos del poder.

“Se trata de una regresión histórica que pone en riesgo el acceso a la justicia de comunidades, colectivos y personas vulnerables”, advirtió la diputada Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte.

La reforma aún debe ser discutida en el Senado. Mientras tanto, organizaciones civiles y académicos han comenzado a movilizarse para frenar su avance.