En Estados Unidos, la atención de las autoridades federales ha cambiado de rumbo. En lugar de centrarse en investigar delitos graves relacionados con armas de fuego, muchos agentes han sido reasignados para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Esta decisión ha generado preocupación entre expertos y exfuncionarios, quienes advierten que se está descuidando la persecución de traficantes de armas y otros crímenes violentos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha redirigido hasta el 80% de sus agentes especializados para colaborar en operativos migratorios. Esta medida forma parte de un despliegue masivo de 23,000 uniformados federales que ahora patrullan ciudades y participan en acciones de deportación.

Funcionarios actuales y anteriores señalan que esta reasignación ha provocado una caída en las investigaciones sobre tráfico de armas. “La prioridad ha cambiado”, afirman, y eso podría tener consecuencias a largo plazo en la seguridad pública.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reportado una disminución del 24% en el crimen violento durante el primer semestre de 2025, atribuyéndolo a las acciones de ICE. Sin embargo, expertos cuestionan esta interpretación, ya que el 65% de los detenidos por ICE desde octubre de 2024 no tenían condenas penales previas.

“Muchos de los arrestados no representan una amenaza real”, señalan analistas. Además, el aumento de detenciones ha generado un déficit presupuestario de mil millones de dólares, lo que pone en duda la sostenibilidad de estas políticas.

La discusión sigue abierta: ¿está realmente bajando el crimen o simplemente se está mirando hacia otro lado?