La localización sin vida de la joven Edith Guadalupe al interior de un complejo habitacional en la alcaldía Benito Juárez evidenció un esquema sistemático de dilación operativa y presunta corrupción por parte de las corporaciones ministeriales de la Ciudad de México.

El dictamen preliminar del caso documenta que el hallazgo del cuerpo de la joven de 21 años, quien acudió al inmueble para una presunta entrevista laboral, se ejecutó 24 horas después de que su madre entregara la ubicación exacta a las autoridades, obligando a la familia a realizar bloqueos viales e investigar por cuenta propia ante la inacción inicial de la Fiscalía General de Justicia.

Los reportes de la dependencia y los testimonios de la familia acreditan que Edith ingresó al edificio ubicado en Revolución 829 la tarde del miércoles 15 de abril, hecho corroborado por cámaras del C5. Tras reportar su desaparición en la madrugada del día 16, la madre de la víctima denunció públicamente que personal de la fiscalía condicionó el avance de las diligencias operativas, como la revisión de las cámaras de seguridad del inmueble, a la entrega de recursos económicos. Fue hasta la madrugada del viernes 17, tras la presión mediática y las exigencias en el perímetro del lugar, que las autoridades ejecutaron la orden de cateo que derivó en el hallazgo del cuerpo en el sótano del edificio, oculto bajo un montículo de arena.

Frente a las irregularidades expuestas, la fiscalía local procedió a la separación de sus cargos del personal involucrado en la omisión de los protocolos de búsqueda inmediata, canalizando el caso a la Unidad de Asuntos Internos. En materia penal, el órgano de procuración de justicia oficializó la imputación del vigilante del inmueble por el delito de feminicidio, argumentando la existencia de indicios biológicos en la caseta de seguridad; sin embargo, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas mantienen la exigencia de fincar responsabilidades administrativas y penales directas contra los funcionarios que retrasaron el despliegue de las unidades de intervención.