El combate a la violencia de género en México ha dado un paso legislativo fundamental. Este martes, el Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio, tras lograr el respaldo aprobatorio de 27 congresos locales, incluido el de Tamaulipas. El dictamen ha sido remitido al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación inmediata, abriendo la puerta a una reestructuración profunda en la forma en que el Estado previene, investiga y castiga los crímenes de odio contra las mujeres.

El eje central de esta modificación constitucional radica en otorgar facultades directas al Congreso de la Unión para expedir una Ley General enfocada en este delito. De acuerdo con los artículos transitorios, las cámaras de Senadores y Diputados tendrán ahora un plazo improrrogable de 180 días para formular este nuevo marco normativo. La ley tendrá la obligación de unificar los criterios penales en todo el país, estandarizando los protocolos de investigación y estableciendo sanciones y tipos penales homologados a nivel nacional, terminando así con las lagunas legales y la disparidad de condenas que actualmente existe entre las distintas fiscalías estatales.

Durante la declaratoria, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expuso la urgencia de esta medida frente a una realidad que lacera al país. Apoyada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Castillo evidenció que durante 2025 se contabilizaron oficialmente 721 víctimas de feminicidio, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra ya alcanza los 148 casos, advirtiendo además que el número negro podría ser mayor. La legisladora subrayó que la nueva legislación buscará blindar la vida y dignidad de las víctimas frente a lo que calificó como la manifestación más extrema de la violencia sistemática.

El debate legislativo también apuntó a la operatividad judicial. La senadora de Morena, Nora Rubalcava, enfatizó que el reconocimiento de la violencia estructural es insuficiente si no se desmantela desde la práctica de las instituciones, argumentando que la justicia no puede permanecer neutral ante la desigualdad y debe asumir un rol transformador. Con esta declaratoria, respaldada desde Baja California hasta Yucatán, el Estado mexicano asume el reto de garantizar investigaciones sólidas y sentencias rigurosas para saldar una de sus deudas históricas más urgentes.