La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no recuperar el presupuesto mínimo que antes estaba garantizado para la atención y reparación integral de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Este cambio preocupa a especialistas, porque significa que apoyos como peritajes, representación jurídica gratuita o asistencia en centros de atención pueden quedar sujetos a recortes o incluso desaparecer.

“Es una medida regresiva porque no existe una garantía presupuestaria que respalde aspectos para la lucha o búsqueda de justicia de las víctimas, como el caso de las madres buscadoras, quienes acuden al Ministerio Público a solicitar medidas de atención médicas y psicológicas o el apoyo monetario para las búsquedas independientes que ellas realizan”, señaló Ivette Galván, del Centro Prodh.

Antes de la reforma de 2020, la Ley General de Víctimas establecía que el presupuesto no podía ser menor al 0.014 % del gasto programado del año anterior. Con esa base, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibía recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Sin embargo, tras eliminarse esa garantía, el financiamiento ha caído en promedio un 29 % respecto a lo que se aseguraba antes.

En 2024, la Primera Sala de la Corte había declarado que quitar ese piso mínimo era injustificado y violaba el principio de progresividad. Pero en noviembre de 2025, el Pleno decidió lo contrario: algunos ministros y ministras argumentaron que la reforma de 2020 “otorgó una mayor protección a las víctimas”, mientras otros señalaron que en realidad dejó sin respaldo presupuestal a quienes requieren ayuda.

“El mensaje que emite la nueva Corte es una expresión de abandono para las víctimas del país debido a que las despoja de vivir una reparación del daño. Además, este fondo económico no solamente es para víctimas de violaciones a derechos humanos, sino también para quienes sufren un delito y el responsable de este no paga, ya que el Estado cubría de manera subsidiaria este gasto”, explicó el abogado Luis Tapia.

Organizaciones como Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19 advirtieron que la decisión genera inseguridad jurídica, pues reabre discusiones que ya habían sido resueltas y debían considerarse firmes. Para ellas, la falta de un presupuesto mínimo no solo afecta la reparación del daño, sino que también transmite un mensaje de inestabilidad en la justicia mexicana.