Una nueva controversia sacude la administración estatal en Sinaloa tras revelarse presuntas irregularidades en la concesión de permisos para el desarrollo de fraccionamientos de lujo.

La investigación apunta directamente hacia el círculo cercano del gobernador Rubén Rocha Moya, específicamente señalando la gestión del exsecretario de Administración y Finanzas, quien habría facilitado la autorización de proyectos inmobiliarios sin cumplir con los requisitos ambientales y de planeación urbana exigidos por la ley.

De acuerdo con la documentación recabada, diversos desarrollos habitacionales recibieron luz verde de manera expedita durante el periodo en que el exfuncionario se encontraba al frente de las finanzas estatales. Las auditorías preliminares sugieren que se omitieron estudios de impacto hidrológico y factibilidad de servicios básicos, lo que ha generado problemas de inundaciones y desabasto de agua en zonas aledañas. Estas omisiones habrían favorecido a un grupo selecto de empresarios inmobiliarios con vínculos personales y políticos con la estructura gubernamental actual.

El caso ha cobrado relevancia debido a que los permisos fueron otorgados en áreas de reserva ecológica o en terrenos cuya vocación de suelo no era compatible con el crecimiento urbano denso. Organizaciones civiles y colectivos de urbanistas han denunciado que este esquema de favorecimiento no solo representa un acto de corrupción administrativa, sino un daño irreversible al ordenamiento territorial de la capital sinaloense. Aseguran que la celeridad con la que se entregaron las anuencias sugiere un tráfico de influencias orquestado desde las oficinas centrales de palacio de gobierno.

Por su parte, el bloque opositor en el Congreso local ha solicitado que la Auditoría Superior del Estado realice una inspección física y financiera de cada uno de los fraccionamientos señalados. Los legisladores argumentan que es necesario deslindar responsabilidades y determinar si el gobernador tenía conocimiento de estas operaciones, dado que el exsecretario de Finanzas actuaba bajo su supervisión directa. La demanda ciudadana se centra en la transparencia, exigiendo que se hagan públicos los expedientes de construcción y los convenios de colaboración firmados con las empresas beneficiadas.

Mientras las investigaciones avanzan, la administración estatal ha guardado hermetismo sobre los detalles técnicos de las autorizaciones, limitándose a declarar que todas sus acciones se han apegado a la legalidad. No obstante, el escándalo de los fraccionamientos añade una nueva capa de presión sobre la figura de Rocha Moya, cuya gestión ya se encontraba bajo cuestionamiento por la crisis de seguridad. El desenlace de esta indagatoria será crucial para determinar si el gobierno de Sinaloa enfrenta un caso aislado de negligencia administrativa o una red institucionalizada de corrupción inmobiliaria.