El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) advierte que México enfrenta una crisis de derechos humanos marcada por más de 130 mil personas desaparecidas, violencia criminal extrema y abusos cometidos por fuerzas de seguridad. La organización critica que el gobierno de Claudia Sheinbaum niegue la existencia de desapariciones forzadas desde el Estado, mientras persiste la impunidad y la militarización de la seguridad pública.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 131,956 personas desaparecidas, de las cuales el 60% son hombres. Las entidades con mayor número de casos son:

• Estado de México: 14,718
• Tamaulipas: 13,657
• Jalisco: 12,768

En 2025, ocho personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos fueron asesinadas, sumando más de 20 casos documentados desde 2010.

La presidenta Sheinbaum ha rechazado que exista desaparición forzada desde el Estado. Sin embargo, HRW y colectivos señalan que esta postura invisibiliza un fenómeno estructural y deja en riesgo a quienes buscan a sus familiares. La ONU inició en 2025 un examen histórico para determinar si las desapariciones en México son generalizadas o sistemáticas.

El informe destaca que las fiscalías mexicanas solo resuelven uno de cada diez homicidios intencionales, en muchos casos con pruebas alteradas o obtenidas bajo tortura. Además, se documentaron 3,177 incidentes de tortura entre 2019 y 2025, afectando a más de 4,100 víctimas.

La tasa de homicidios en 2024 fue de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo. Se estima que el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen del tráfico ilegal desde Estados Unidos.

HRW subraya que el gobierno ha ampliado el uso del Ejército en tareas civiles y de seguridad pública, lo que ha derivado en abusos documentados, como el asesinato de dos niñas en Sinaloa y la negativa de entregar información sobre el caso Ayotzinapa.

Además, se han aprobado 18 reformas regresivas en derechos humanos, incluyendo la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la consolidación de facultades extraordinarias para militares, como la intervención de comunicaciones privadas.

El informe de HRW concluye que el bienestar material alcanzado en los últimos años —con 13 millones de personas que salieron de la pobreza— no sustituye al Estado de derecho. “Comer bien no compensa vivir sin justicia”, señalaron especialistas durante la presentación del documento. La crisis de desapariciones y la militarización de la seguridad pública evidencian que México atraviesa un retroceso democrático con graves consecuencias para las víctimas y sus familias.