Aunque los incrementos oficiales buscan recuperar el poder adquisitivo, más de 32 millones de personas en la informalidad quedan fuera del decreto, dependiendo de la “ley de la selva” del mercado laboral.

Cada inicio de año, el anuncio del incremento al salario mínimo acapara los titulares y el discurso oficial como un logro de justicia social. Sin embargo, para una inmensa parte de la fuerza laboral mexicana, estas cifras no son más que papel mojado. La realidad es que el decreto presidencial que obliga a los patrones a pagar un monto base solo aplica dentro de los límites de la economía formal, dejando desprotegidos a quienes trabajan sin contrato, sin prestaciones y sin seguridad social.

La razón técnica de esta exclusión es jurídica pero con consecuencias humanas devastadoras. El salario mínimo es una regulación que se estipula en la Ley Federal del Trabajo; por definición, el empleo informal es aquel que existe al margen de esta ley. Ya sea en el comercio ambulante, el trabajo doméstico no registrado, el campo o en pequeños negocios familiares que no tributan, no existe una autoridad que fiscalice ni garantice que se cumpla con el piso salarial. En este sector, los ingresos se rigen puramente por la oferta y la demanda, y a menudo, por la necesidad inmediata de subsistencia.

Expertos en economía laboral explican que, si bien existe una teoría conocida como el “Efecto Faro” —la cual sugiere que el aumento en el sector formal sirve de referencia y “jala” hacia arriba los sueldos informales—, en la práctica esto no siempre ocurre con la misma magnitud. Mientras las empresas establecidas ajustan sus nóminas por obligación legal, los empleadores informales, que suelen tener márgenes de ganancia muy reducidos, no tienen la capacidad o la voluntad de replicar estos aumentos. Esto provoca que la brecha de ingresos entre un trabajador con IMSS y uno sin él se ensanche cada vez más.

Datos recientes del INEGI confirman que la tasa de informalidad laboral en México se mantiene obstinadamente alta, rondando el 54 por ciento de la población ocupada. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores del país no tienen un mecanismo legal para exigir el aumento que escuchan en las noticias. Para ellos, el salario depende de cuánto vendan en el día, de las propinas o del acuerdo verbal con un patrón que puede modificar las condiciones unilateralmente sin consecuencias legales.

El análisis de organizaciones como México, ¿cómo vamos? señala que celebrar el aumento al salario mínimo es correcto, pero insuficiente si no se acompaña de políticas agresivas de formalización. Mientras el acceso a la seguridad social y a los derechos laborales siga siendo un privilegio y no la norma, los decretos de mejora salarial seguirán siendo una realidad para unos pocos y una aspiración inalcanzable para los millones que sostienen la economía desde la precariedad.