Un bloque legislativo bipartidista detonó una maniobra constitucional de alto riesgo al exigir la activación de la Enmienda 25 para concretar la destitución del presidente Donald Trump.

La coalición, integrada por perfiles demócratas y una facción de republicanos disidentes, fundamenta la petición en una presunta incapacidad técnica y cognitiva del mandatario para ejercer las facultades del Poder Ejecutivo, en medio del recrudecimiento de las crisis geopolíticas y la polarización de la política interna.

El andamiaje jurídico de esta iniciativa traslada la presión política directamente al círculo primario de la Casa Blanca. La viabilidad del mecanismo constitucional exige que el vicepresidente y una mayoría del gabinete certifiquen formalmente la inhabilitación del presidente ante el Congreso. Para forzar este escenario, el grupo opositor integra un expediente técnico que documenta órdenes ejecutivas erráticas y decisiones que, bajo su escrutinio, vulneran el aparato de seguridad nacional y la estabilidad de Estados Unidos.

La ofensiva institucional exhibe una fractura severa en la cúpula del poder norteamericano. Los análisis advierten que, al margen de que el bloque logre consolidar el respaldo necesario en el gabinete para ejecutar la remoción, la estructuración de un frente disidente con respaldo de su propio partido dinamita el margen de gobernabilidad de Trump, sumiendo a su administración en una crisis de legitimidad que amenaza con paralizar la operatividad del Estado.