Un exdirector de la aduana de Tampico, identificado como “Santo” en la investigación federal, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República tras confesar su participación en una red de tráfico de hidrocarburos que operó entre 2023 y 2025. Su testimonio permitió desentrañar una estructura de corrupción que involucraba a mandos navales, personal aduanal y empresarios, todos vinculados al ingreso irregular de buques con combustible desde Estados Unidos.

Según la causa penal 305/2025, la red operaba bajo el liderazgo de los hermanos Farías, ambos oficiales de alto rango en la Marina, y utilizaba documentación falsa para encubrir la carga como aditivos lubricantes. En total, entre 12 y 14 embarcaciones atracaron en el recinto fiscal 290, con descargas realizadas en pipas y vehículos tipo full.

Cada buque implicaba pagos de hasta 1.75 millones de pesos en sobornos, distribuidos entre funcionarios clave. El propio Santo recibía 300 mil pesos por operación, mientras que otros servidores públicos recibían montos que iban de 100 mil a 250 mil pesos, según su nivel y función. Entre los beneficiarios figuran jefes de departamento, verificadores, moduladores y capitanes asignados a la vigilancia portuaria.

Los buques identificados en la investigación incluyen el MTM Hamburg, Ardmore Chippewa, Ardmore MTM Dublin, Hansa Sealancer, Cosmic Glory y Torm Louise. Las muestras tomadas inicialmente no revelaban irregularidades, pero con el tiempo se detectó que el material descargado era una mezcla de hidrocarburos, no aditivos como se reportaba.

El quiebre del testigo con la red ocurrió en abril, cuando recibió amenazas contra su familia. Tras ese episodio, decidió acudir a la FGR, entregar el dinero que tenía bajo resguardo y colaborar con las autoridades. Su declaración permitió documentar pagos por más de 24 millones de pesos y evidenciar cómo se manipulaban las entradas de buques desde la gerencia de ASIPONA, entonces encabezada por Salvador Camargo Viveros y Francisco Javier Antonio Martínez.

La investigación continúa, y las autoridades han confirmado que esta red operaba con respaldo institucional y acceso privilegiado a zonas estratégicas del sistema aduanero.