La Fiscalía General de la República dio a conocer la base de datos oficial, aunque colectivos de búsqueda advierten que los números siguen sin reflejar la magnitud real de la crisis humanitaria en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo pública la información integrada en el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Clandestinas, revelando una estadística oficial que dimensiona, aunque de manera parcial, el horror de las desapariciones en México. Según la base de datos, la autoridad federal reconoce la existencia de miles de sitios de inhumación ilegal a lo largo del territorio nacional, así como un número alarmante de cuerpos recuperados que permanecen en los servicios forenses.

El documento detalla que, durante el periodo reportado, se han procesado cientos de fosas clandestinas en diversas entidades federativas. Los estados que concentran la mayor cantidad de hallazgos continúan siendo aquellos marcados por la disputa territorial de grupos del crimen organizado, como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Jalisco. En estos puntos, los equipos periciales han logrado la exhumación de restos humanos, de los cuales un porcentaje significativo todavía carece de identidad legal.

A pesar de la publicación de estas cifras, organizaciones civiles y colectivos de madres buscadoras han señalado discrepancias importantes entre los datos de la FGR y sus propios registros. Las familias de las víctimas denuncian que la plataforma presenta un subregistro evidente, pues no integra en tiempo real los hallazgos que las brigadas ciudadanas realizan cada semana en predios y zonas serranas, lo que invisibiliza una parte sustancial de la tragedia.

Uno de los puntos más críticos que expone el registro es la brecha entre la exhumación y la identificación. Si bien la autoridad reporta el levantamiento de los cuerpos, la crisis forense impide que estos sean devueltos a sus familias de manera expedita. La falta de infraestructura, personal especializado y presupuesto en los servicios médicos forenses locales y federales ha provocado que miles de restos permanezcan en calidad de desconocidos o en fosas comunes oficiales, creando una “segunda desaparición” institucional.

Expertos en derechos humanos enfatizan que el Registro Nacional de Fosas es una herramienta que llega con años de retraso, incumpliendo los plazos que marcaba la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. La exigencia ahora se centra en que esta base de datos no sea solo un listado estadístico, sino un instrumento funcional que cruce información genética y pericial para lograr lo único que importa a las familias: la identificación y el retorno digno de sus seres queridos.