La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un citatorio formal al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a diversos exfuncionarios de la entidad, como parte de una carpeta de investigación en curso sobre presuntos vínculos y protección a redes de narcotráfico con operaciones hacia los Estados Unidos.

Esta diligencia ministerial representa un avance significativo en las indagatorias federales que buscan esclarecer el grado de posible colusión institucional con organizaciones criminales de alto impacto.

El requerimiento judicial se deriva de los esquemas de cooperación internacional y de inteligencia, en los cuales autoridades estadounidenses han señalado la presunta participación u omisión de figuras del gobierno local en la facilitación de operaciones ilícitas. El Ministerio Público Federal tiene como objetivo recabar las declaraciones pertinentes para reconstruir las redes de complicidad que presuntamente permitieron a las estructuras delictivas operar bajo un manto de impunidad durante el ejercicio de la función pública.

Este citatorio impone una presión política y legal sin precedentes sobre el titular del ejecutivo estatal y su círculo de excolaboradores. Analistas en materia de seguridad y justicia exigen que el proceso judicial se conduzca con estricto apego a derecho y total transparencia, instando a la FGR a garantizar una investigación imparcial que logre deslindar responsabilidades penales y administrativas, fortaleciendo así el Estado de derecho frente a las redes de criminalidad transnacional.