La presunta agresión sexual contra dos médicas residentes al interior del Hospital Infantil de Ciudad Victoria no solo ha destapado una alarmante vulnerabilidad en los centros de salud estatales, sino que ha desnudado la inoperancia de los protocolos vigentes frente a la complicidad institucional. Ante el escándalo por la opacidad y omisión directiva en la capital del estado, el Congreso de Tamaulipas busca imponer un cerco legal que obligue a toda la red hospitalaria, incluyendo dependencias federales como el IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina y Sedena, a rendir cuentas y garantizar refugios libres de violencia de género.

El vacío de protección quedó exhibido de manera cruda. A pesar de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas presume la existencia de lineamientos preventivos, la realidad en los pasillos del Hospital Infantil demostró que dichos documentos son papel mojado cuando la cadena de mando opta por el silencio. Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el legislativo local, fue contundente al señalar que la falta de respaldo hacia las víctimas por parte de la directiva constituye un acto grave de violencia institucional, el cual no solo perpetúa la impunidad de los agresores, sino que revictimiza a quienes denuncian.

Para frenar esta crisis sistémica, la legisladora presentó una iniciativa de punto de acuerdo que busca arrinconar a los directivos médicos. El exhorto exige a las autoridades federales y estatales dejar la retórica y transparentar de manera inmediata las acciones tangibles que implementarán para erradicar el acoso. La exigencia central es transitar hacia mecanismos efectivos de denuncia y acompañamiento, donde el personal médico, estudiantes y pacientes no teman represalias laborales o académicas al alzar la voz frente a sus agresores.

Especialistas en la materia coinciden en que la negligencia tolerada en Ciudad Victoria debe marcar un punto de quiebre. Gabriela Ibarra, abogada experta en perspectiva de género, advirtió que las instituciones de salud arrastran la obligación ineludible de actuar con debida diligencia. El encubrimiento ya no puede ser la norma operativa; los hospitales están obligados por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a convertirse en bastiones de seguridad y dignidad profesional, y no en trampas donde el abuso se escuda bajo el prestigio médico.