La aplicación sistemática de la prisión preventiva oficiosa en México profundiza la desigualdad de género, castigando anticipadamente a miles de mujeres y provocando el colapso de sus entornos familiares antes de que se demuestre su culpabilidad.

La persistencia de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en el catálogo constitucional mexicano representa una de las mayores distorsiones del sistema de justicia penal, afectando de manera desproporcionada a la población femenina. Esta medida cautelar, aplicada de forma automática sin que un juez evalúe el riesgo real de fuga o el peligro para la sociedad, funciona como una condena anticipada. Las estadísticas judiciales revelan que la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad bajo este esquema están acusadas de delitos no violentos, frecuentemente vinculados al narcomenudeo o a la delincuencia organizada, donde su participación suele ser periférica o coaccionada por parejas sentimentales.

La ausencia de una perspectiva de género transversal en los Ministerios Públicos perpetúa esta problemática. En lugar de analizar los contextos de vulnerabilidad, violencia doméstica o subordinación socioeconómica que rodean a las imputadas, las fiscalías recurren a la PPO como una salida rápida para inflar sus indicadores de eficiencia. Este uso indiscriminado contraviene los principios más elementales del debido proceso y la presunción de inocencia, transformando los centros penitenciarios en bodegas de detención masiva para personas que, en muchos casos, terminarán siendo absueltas tras años de reclusión injustificada.

Las repercusiones de la reclusión automática trascienden los muros de las cárceles y golpean directamente la estructura social. A diferencia de los hombres, las mujeres encarceladas suelen ser las principales o únicas proveedoras de cuidados en sus hogares. Su internamiento preventivo desencadena una desarticulación inmediata del núcleo familiar, dejando a hijos menores de edad y a adultos mayores en situaciones de desamparo, deserción escolar o vulnerabilidad extrema frente a las redes delictivas locales.

El fenómeno del abandono carcelario agudiza esta crisis. Los registros de los colectivos de derechos humanos muestran que las internas reciben significativamente menos visitas y apoyo económico por parte de sus familiares en comparación con la población masculina. Al ser recluidas de manera forzosa bajo la PPO, pierden sus empleos formales e informales, y el estigma social las aísla por completo. Esta falta de redes de apoyo no solo deteriora su salud mental intramuros, sino que anula cualquier posibilidad real de reinserción social posterior, condenándolas a la exclusión económica perpetua.

El mantenimiento de la PPO ha colocado al Estado mexicano en una posición de desacato recurrente frente a los tribunales internacionales. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado de manera explícita la modificación del marco constitucional para erradicar la obligatoriedad de esta medida, catalogándola como una violación convencional a la libertad personal. A pesar de estas resoluciones, el debate en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación permanece estancado debido a las resistencias de los sectores que defienden una política de seguridad de mano dura.

La persistencia de esta figura legal no solo evidencia una resistencia a adoptar estándares modernos de derechos humanos, sino que perpetúa un sistema de justicia penal selectivo. Mientras las reformas de fondo sigan postergándose en las cámaras legislativas, la prisión preventiva oficiosa continuará operando como una herramienta de castigo automatizado que criminaliza la pobreza y el género, utilizando el encierro no como un mecanismo excepcional de justicia, sino como la regla general del control social.