El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó categóricamente la participación operativa de agencias de inteligencia de Estados Unidos o de cualquier otra nación extranjera en despliegues tácticos de seguridad dentro del territorio mexicano durante la actual administración.

El pronunciamiento institucional busca contener la crisis diplomática desatada tras el siniestro carretero en Chihuahua, donde perdieron la vida dos ciudadanos estadounidenses señalados por la prensa internacional como agentes en activo de la CIA, quienes viajaban en una unidad oficial en compañía del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Durante una conferencia de prensa emitida este miércoles desde las instalaciones de la SSPC, García Harfuch estableció una línea divisoria estricta entre los protocolos de cooperación binacional y las incursiones de campo.

El secretario argumentó que, si bien se mantiene un canal permanente para el intercambio de información con las agencias estadounidenses, los elementos extranjeros “nunca han participado en una acción del gabinete de seguridad federal en campo”. Con esta declaración, la dependencia respalda la versión inicial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, desvinculando el trágico traslado de un operativo directo contra estructuras del crimen organizado.

En relación a la presencia militar en la zona del siniestro, el funcionario precisó los alcances del involucramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con la trazabilidad de los oficios de colaboración, la Sedena no tuvo injerencia en la planeación logística de las acciones estatales ni conocimiento previo sobre la presencia de personal extranjero en las unidades siniestradas.

La intervención del Ejército Mexicano se limitó estrictamente a proporcionar apoyo de seguridad perimetral, actuando bajo una solicitud formal y expresa de la fiscalía local; un procedimiento administrativo que la corporación federal atiende de manera rutinaria.

El deslinde del gabinete de seguridad federal transfiere la carga probatoria y la responsabilidad técnica de la presencia de los supuestos oficiales de inteligencia directamente a la administración estatal de Chihuahua. La postura de la SSPC subraya la directriz del Ejecutivo Federal de salvaguardar el marco de soberanía, exigiendo que las justificaciones sobre los protocolos de acompañamiento a personal diplomático o de agencias externas recaigan exclusivamente en la jurisdicción de las autoridades locales.