Han pasado más de veinte años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica sobre los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, conocidos como el caso Campo Algodonero. A pesar del tiempo, este proceso continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género y en la exigencia de justicia para las víctimas.

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, recordó recientemente que este caso fue clave para demostrar cómo las instituciones mexicanas habían fallado en proteger a las mujeres. “El caso Campo Algodonero evidenció la falta de respuesta del Estado frente a la violencia feminicida”.

El fallo de la Corte obligó a México a reconocer su responsabilidad y a implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar los feminicidios. Entre ellas, la creación de protocolos especializados y la capacitación de autoridades en perspectiva de género. Sin embargo, los avances han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.

Godoy subrayó que este precedente internacional sigue siendo una prueba contundente de que la justicia mexicana debe transformarse. “Es un recordatorio de que la impunidad no puede ser la norma y de que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia”.

El Campo Algodonero se convirtió en símbolo de resistencia y memoria. Las familias de las víctimas, junto con organizaciones civiles, han mantenido viva la exigencia de que nunca más se repitan crímenes de esta naturaleza.

Hoy, el caso continúa inspirando a nuevas generaciones que buscan un país más justo e igualitario. La sentencia no solo fue un triunfo jurídico, sino también un llamado a la conciencia colectiva: reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere cambios profundos en la sociedad y en las instituciones.