El gobierno del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para enviar de regreso a Guatemala a más de 600 niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos y que actualmente se encuentran bajo custodia federal. Esta medida, considerada sin precedentes por especialistas en migración, forma parte de una nueva política enfocada en menores no acompañados.

Los niños están bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que normalmente los mantiene en resguardo hasta que puedan ser entregados a familiares o tutores en EE.UU. Sin embargo, el nuevo plan busca repatriarlos directamente a Guatemala, en coordinación con autoridades de ese país.

Aunque el gobierno ha calificado estas acciones como “repatriaciones” y no “deportaciones”, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación. Muchos de estos menores no cuentan con representación legal ni comprenden completamente el proceso, lo que podría ponerlos en riesgo. Además, bloquear su entrega a familiares en EE.UU. por su nacionalidad ha sido señalado como una posible violación a las leyes federales.

Expertos advierten que regresar a estos niños a su país de origen no siempre garantiza su seguridad. Algunos huyeron de situaciones de violencia, abuso o persecución, y volver podría exponerlos nuevamente a esos peligros.

El tiempo que los menores pasan bajo custodia ha aumentado significativamente en los últimos meses, y muchos enfrentan incertidumbre sobre su futuro. Mientras tanto, el gobierno ha endurecido los requisitos para que puedan ser entregados a patrocinadores, ha acelerado sus procesos migratorios y ha comenzado a preguntarles si desean salir voluntariamente del país.

Organizaciones especializadas en infancia migrante han pedido que se priorice la protección de los menores y se respete su derecho a un proceso justo. La situación sigue generando debate entre autoridades, defensores y expertos en migración.