La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas informó que la recaudación del llamado “impuesto verde”, aplicado a empresas por la emisión de contaminantes, registró una disminución significativa durante el último año.

El gravamen, creado con el objetivo de incentivar prácticas más sostenibles y generar recursos para programas ambientales, no logró alcanzar las metas previstas, lo que ha encendido el debate sobre su efectividad y aplicación.

De acuerdo con el reporte oficial, la baja en la recaudación se debe a que varias compañías han interpuesto amparos contra el cobro, argumentando que se trata de una medida inconstitucional y que afecta la competitividad de la industria local. El sector empresarial ha señalado que el impuesto representa una carga adicional en un contexto económico complicado, mientras que autoridades estatales defienden que es una herramienta necesaria para enfrentar la crisis ambiental en la región.

El impuesto verde fue implementado en 2023 y desde entonces ha generado controversia. En su primer año de aplicación, los ingresos superaron los 500 millones de pesos, pero en 2025 la cifra cayó de manera considerable, lo que limita la capacidad del gobierno estatal para financiar proyectos de mitigación de contaminación y programas de reforestación.

Organizaciones ambientalistas han criticado la falta de firmeza del gobierno para hacer cumplir el cobro y señalan que la reducción en la recaudación refleja la influencia de los grupos empresariales en las decisiones fiscales. Aseguran que, sin recursos suficientes, será difícil atender problemas como la contaminación de ríos, el manejo de residuos y la calidad del aire en zonas urbanas.

Por su parte, representantes de la iniciativa privada insisten en que el impuesto debería ser revisado y replanteado, proponiendo alternativas como incentivos fiscales para empresas que adopten tecnologías limpias en lugar de sanciones económicas. Consideran que el esquema actual desalienta la inversión y no garantiza una mejora real en las condiciones ambientales.

El gobierno de Tamaulipas enfrenta ahora el reto de equilibrar la necesidad de recursos para atender la crisis ecológica con las demandas de los sectores productivos. La caída en la recaudación del impuesto verde abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la viabilidad de los mecanismos fiscales como instrumentos de política ambiental y sobre la capacidad del estado para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad.