Sangría al erario: cuestan legisladores locales 50.3 mdp diarios en el país; en Tamaulipas cada diputado absorbe 8.6 millones

 Mantener la maquinaria de los 32 congresos locales en México representa un boquete financiero que le cuesta a los contribuyentes 50.3 millones de pesos diarios. Durante este 2026, las entidades federativas erogarán un total de 18 mil 380.1 millones de pesos destinados exclusivamente a cubrir dietas, nóminas de asesores, bonos y servicios generales de sus representantes populares, consolidando al Poder Legislativo estatal como uno de los aparatos burocráticos más costosos y opacos del país.

Un análisis a los presupuestos aprobados revela niveles de dispendio que contrastan radicalmente con la densidad poblacional y la representación ciudadana. El Congreso de Baja California se posiciona como el más oneroso a nivel individual, donde mantener a cada uno de sus 25 diputados exige un gasto anual récord de 34.8 millones de pesos. En la cúpula del derroche le siguen Morelos, con 31.8 millones por curul, y Michoacán, con 30.2 millones. Si se evalúa el presupuesto global, el Estado de México lidera la lista nacional al devorar mil 983.6 millones de pesos para sostener a su legislatura de 75 integrantes.

En el caso específico de Tamaulipas, la carga financiera para el erario mantiene proporciones considerables. El Congreso del Estado, compuesto por 36 legisladores, registra un costo unitario anual de 8 millones 611 mil 657 pesos por cada diputado. Aunque la entidad se mantiene alejada de los excesos documentados en otros estados, el gasto local supera holgadamente las cifras de congresos como Colima, Campeche o Yucatán, donde el costo operativo por representante oscila apenas entre los 5 y 6 millones de pesos anuales.

La opacidad en el manejo de partidas adicionales, oficinas de gestoría y gastos de representación ha encendido las alertas a nivel federal. Ante el peso insostenible de esta nómina, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum alista una embestida legislativa para el ejercicio 2027, cuyo objetivo es aplicar un recorte tajante a los privilegios económicos de las cámaras locales. La directriz obligará a los congresos a justificar su abultado padrón de asesores, suprimir bonos extraordinarios y frenar la asignación discrecional de recursos públicos que, legislatura tras legislatura, se esfuman sin rendición de cuentas.