Coatzacoalcos, Veracruz.— En un clima de opacidad institucional y señalamientos por presunto abuso de autoridad, cuatro individuos fueron presentados este lunes ante un juez de control en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. Las corporaciones de seguridad estatales buscan vincular a los imputados con la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrida el pasado 2 de junio en la región sur de la entidad.

La cumplimentación de las detenciones, ejecutada durante las primeras horas del sábado 6 de junio en el municipio de Nanchital, ha sido severamente cuestionada. Familiares de los detenidos —entre los que se identifican trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev)— acusan a los elementos de la Policía Estatal y la Policía Ministerial de allanamiento de morada, uso desproporcionado de la fuerza y fabricación de culpables.

Irregularidades en la detención y presunta fabricación de cargos Los testimonios recabados apuntan a una intervención táctica ejecutada al margen de los protocolos del debido proceso. Ana Itzel Contreras, testigo y familiar de los detenidos (identificados preliminarmente como César Alejandro, Andrés y Luis Arturo), denunció que los efectivos armados irrumpieron de manera violenta en un domicilio del fraccionamiento residencial Sección 11.

“Nos agreden, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan. […] Destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas”, relató la agraviada. A las afueras de las instalaciones judiciales, el círculo familiar reiteró la inocencia de los imputados, señalando que la presunta participación en el caso de la periodista es una narrativa prefabricada por las autoridades.

La postura del Ejecutivo Estatal y el hermetismo de la Fiscalía A seis días del hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ha mantenido un estricto hermetismo respecto a los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación y la tipificación exacta de los delitos que buscará imputar formalmente a los cuatro sujetos durante la audiencia inicial.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle limitó sus declaraciones a confirmar que las indagatorias mantienen un avance coordinado entre las esferas estatal y federal. Desde la capital veracruzana, la mandataria justificó la falta de transparencia argumentando la secrecía del proceso penal: “Hay que esperar a que trabajen, son varias líneas de investigación, pero hay que cuidar la integridad de la persona”.

Este martes 9 de junio se cumple una semana desde que un comando armado sustrajo a la comunicadora Roxana Guzmán de su domicilio con lujo de violencia. Mientras la familia de la víctima deposita su confianza en el aparato de justicia para lograr su localización con vida, el inicio de las judicializaciones amenaza con empañarse por las denuncias de brutalidad policial, abriendo un frente de duda sobre la solidez de las investigaciones ministeriales.