A pesar de contar con resoluciones laborales a su favor, decenas de trabajadores separados de sus cargos bajo la política de recortes denuncian tácticas dilatorias de la dependencia para evitar el pago de sus liquidaciones por ley.

Lo que inició como una promesa de eficiencia gubernamental bajo la bandera de la “austeridad republicana”, se ha transformado en un calvario de varios años para decenas de servidores públicos. Extrabajadores de la Secretaría de Gobernación (Segob) que fueron separados de sus cargos durante los recortes masivos de la administración anterior continúan exigiendo el pago de sus indemnizaciones constitucionales, enfrentándose a un laberinto burocrático que ellos mismos describen como una pesadilla jurídica.

De acuerdo con testimonios y expedientes revisados, muchos de estos exfuncionarios fueron obligados a firmar renuncias voluntarias bajo la amenaza de ser inhabilitados o vetados del servicio público. Quienes se negaron y optaron por demandar el despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) lograron, tras largos procesos legales, laudos condenatorios que obligan a la dependencia a pagar salarios caídos y liquidaciones conforme a derecho. Sin embargo, ganar en los tribunales no ha garantizado el acceso a la justicia financiera.

Los afectados denuncian que el área jurídica de la Segob ha implementado una estrategia sistemática de desgaste. A través de la promoción constante de amparos, incidentes de nulidad y recursos de revisión de última hora, la secretaría ha logrado congelar la ejecución de los pagos. Los abogados de los extrabajadores señalan que estas tácticas dilatorias no buscan revertir la sentencia —pues el despido injustificado ya está probado—, sino asfixiar económicamente a los demandantes con la esperanza de que acepten convenios por montos drásticamente menores a los que por ley les corresponden.

El impacto de este congelamiento de recursos ha sido devastador para las familias de los exfuncionarios. Gran parte del personal despedido estaba conformado por trabajadores de carrera, especialistas técnicos y administrativos de base que dependían enteramente de su salario. Hoy, muchos enfrentan deudas acumuladas por los honorarios legales que han tenido que cubrir durante casi un lustro de litigios, mientras observan cómo la inflación merma el valor real de las liquidaciones que el Estado se niega a desembolsar.

Ante la falta de voluntad política para acatar las resoluciones del tribunal, los colectivos de trabajadores despedidos han comenzado a buscar la intervención de organismos de derechos humanos y han solicitado audiencias con la actual administración federal. Su exigencia es clara: que la política de austeridad gubernamental no se financie pisoteando los derechos laborales adquiridos, y que la Segob asuma la responsabilidad legal y financiera de las decisiones administrativas tomadas en nombre del ahorro institucional.