Las bancadas del PRI y del PAN anunciaron que no respaldarán el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, al considerar que fue elaborado con prisas y sin atender las necesidades de productores, municipios e industria. Según señalaron, el documento concentra el control del recurso en la Federación y no garantiza infraestructura ni financiamiento suficiente.

“Pedimos que se suspenda la votación de mañana en la Comisión y de pasado mañana en el Pleno. Si va a haber una legislación, se vuelva a empezar con los productores… no valen parches”, expresó el coordinador priista Rubén Moreira, quien criticó que el proyecto mantenga restricciones en la transmisión de concesiones y no haya escuchado al sector primario.

Otros legisladores advirtieron que aprobar una ley “mal hecha” tras años de retraso podría detonar conflictos sociales, por lo que pidieron no precipitar el proceso legislativo únicamente para cumplir con el calendario.

El PAN también adelantó que no acompañará el dictamen y solicitará aplazar la discusión para abrir un nuevo proceso con productores, municipios y organismos operadores. “Es un documento sumamente parchado, hecho apresuradamente y con profunda deficiencia. Sufrió más de 90 modificaciones en la Comisión”, señaló Paulo Martínez López, al acusar que el proyecto elimina certeza jurídica y mantiene la criminalización del campo.

El diputado Theodoros Kalionchiz agregó que el dictamen “no garantiza el acceso al agua a nadie” y que centraliza el control del recurso bajo la mayoría oficialista, sin reglas claras para devolverlo a los estados.

Representantes del sector agrícola respaldaron la postura de la oposición y advirtieron que, de mantenerse la votación prevista, intensificarán las movilizaciones en todo el país. “Ya hay movilizaciones en todo el país por parte del agropecuario. Venimos a este recinto a pedirles el favor de que nos den tiempo. Si no nos dan el tiempo, nos lo vamos a dar”, señalaron al concluir la conferencia.

Con este escenario, la discusión sobre la Ley de Aguas se perfila como uno de los debates más tensos en el Congreso, donde productores y legisladores opositores insisten en que el dictamen debe rehacerse desde cero para garantizar derechos y certidumbre.