La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió intervenir en un conflicto legal que lleva cinco años sin resolverse: la disputa por terrenos en Santa Fe entre la Fiscalía General de la República (FGR) y varias empresas privadas.

Este miércoles, con seis votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte aceptó atraer el caso —expediente 235/2025— a petición de la FGR. El objetivo: determinar si los predios pertenecen a la nación o a particulares, quienes enfrentan acusaciones por “lavado de dinero y delincuencia organizada” por ocupar esas propiedades.

Los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía votaron en contra de la atracción.

La FGR sostiene que los terrenos fueron expropiados por el Estado en dos momentos históricos: en 1907 por decreto de Porfirio Díaz y en 1974 por orden presidencial de Luis Echeverría Álvarez, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por su parte, la empresa Inmobiliaria F4, S.A. de C.V. argumenta que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018, también mediante decreto oficial.

El conflicto comenzó en octubre de 2020 tras una denuncia anónima que señalaba la venta irregular de terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón. La FGR inició entonces una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, que en 2022 se amplió para incluir uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales.

En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó asegurar parte del predio. Sin embargo, el 15 de noviembre, la jueza Paloma Xiomara González González concedió un amparo a las empresas involucradas —Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited— impidiendo a la FGR tomar posesión del terreno.

La jueza basó su decisión en un decreto de 2018 que autorizó la regularización de dos fracciones del terreno a favor de Juana Reséndiz Vázquez, con superficies de 7,070.32 y 925.39 metros cuadrados, parte del predio conocido como Cenid Microbiología. Concluyó que el aseguramiento carecía de “fundamentación y motivación”, lo que violaba el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR impugnó el fallo y el caso sigue pendiente en un tribunal colegiado, mientras la Corte se prepara para emitir una resolución definitiva.