La segunda oportunidad que el sistema judicial estadounidense le había otorgado a Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, se esfumó definitivamente este miércoles luego de que el juez Anthony J. Trenga dictara una sentencia de cinco años de prisión federal seguida de otro lustro de libertad supervisada, castigando así su reincidencia criminal al intentar orquestar una red de tráfico de fentanilo mientras gozaba de beneficios legales en Virginia.

El hijo de Dámaso López Núñez, quien fuera la mano derecha de “El Chapo” Guzmán, cayó en una operación encubierta del FBI apenas dos años después de haberse mudado a la costa este desde California; según los documentos de la corte y el acuerdo de culpabilidad firmado el pasado 28 de mayo de 2025, López Serrano inició negociaciones en septiembre de 2024 con un informante confidencial para mover cargamentos de opioides sintéticos desde México hacia el sur de California.

Lo que el “Mini Lic” ignoraba es que cada conversación sobre costos, logística y ganancias —incluyendo su propuesta de vender propiedades familiares en México para financiar la operación— estaba siendo monitoreada por los agentes federales, quienes ejecutaron una entrega controlada de la droga para luego arrestarlo en diciembre de ese mismo año, sellando su destino por violar los términos de su libertad preexistente.

Este fallo representa un duro golpe no solo para el antiguo operador del Cártel de Sinaloa, sino también para las expectativas de justicia en México, donde López Serrano sigue siendo reclamado por la Fiscalía General de la República como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, crimen perpetrado en Culiacán en mayo de 2017.

Mientras “El Mini Lic” intentaba reconstruir su imperio criminal desde el anonimato en Estados Unidos, las autoridades mexicanas han mantenido vigente la solicitud de extradición, un proceso que ahora enfrentará nuevos obstáculos logísticos y temporales dado que el imputado deberá purgar primero su nueva condena en suelo estadounidense.

El caso expone la fragilidad de los programas de reinserción para testigos protegidos de alto perfil, pues López Serrano, quien en 2017 se entregó voluntariamente y cooperó para reducir su sentencia inicial por tráfico de cocaína y heroína, no tardó en volver a las andadas, demostrando que los viejos nexos y la ambición del narcotráfico pesaron más que la libertad condicional que le había otorgado el gobierno norteamericano.