La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este lunes un caso que pone en el centro el acceso a la información pública y los límites de la seguridad nacional. Por unanimidad, el Pleno confirmó que la Presidencia debe entregar a un ciudadano la versión pública de 15 documentos relacionados con altos mandos de la Secretaría de Marina.

El recurso había sido promovido en 2022 por la entonces Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, quien hoy forma parte del máximo tribunal. Debido a su participación previa, fue declarada legalmente impedida de intervenir en la discusión.

La Corte respaldó una resolución emitida por el extinto INAI, que ordenaba liberar los nombres, adscripciones y datos de capacitación de almirantes y vicealmirantes. El argumento central fue que gran parte de esa información ya circulaba en comunicados oficiales y medios de comunicación.

La Presidencia alegó que divulgar esos datos representaba un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, el proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf descartó esa postura. “No comparto la idea de que a través de lo que se ha manifestado en asuntos anteriores vinculados con la seguridad nacional, la teoría del mosaico, se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto… toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público”, afirmó.

El documento también aclara que esta decisión no implica que toda información sobre mandos navales deba ser pública en cualquier circunstancia. Cada caso debe analizarse por separado, y en este, la Corte concluyó que no había elementos suficientes para justificar la reserva.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz apoyó el proyecto, pero sugirió que la Marina tenga margen para decidir qué datos podrían mantenerse ocultos si representan un riesgo. “Dejarle al funcionario que bajo su más estricta responsabilidad él valore en qué condiciones va a otorgar esta información… los que no sean públicos, como lo señala el proyecto, se testarán estos nombres para evitar que se vulnere la seguridad nacional”, expresó.

Por otro lado, el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que los argumentos de la Consejería Jurídica eran válidos en teoría, pero no aplicaban en este caso, ya que la información solicitada ya había sido difundida por diversas fuentes.