“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó este martes a siete exjefes de la extinta guerrilla de las FARC por secuestros y otros delitos a ocho años de restricción de libertad y derechos, la pena máxima establecida, en una histórica primera sentencia de la justicia transicional contra el último secretariado de la agrupación.”

Después de siete años de investigación, Colombia emitió su primera sentencia contra los máximos responsables de los secuestros cometidos por las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que siete excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño (“Timochenko”) y Pablo Catatumbo, deberán cumplir ocho años de sanción restaurativa, sin prisión, pero con restricciones de movilidad y derechos.

La decisión forma parte del macro caso 01, que documenta más de 21 mil víctimas de secuestro. De ellas, más de 4 mil participaron activamente en el proceso judicial, aportando testimonios y pruebas que fueron clave para la condena.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que esta sentencia busca abrir caminos de reconciliación: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron… Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias, y enviar un mensaje claro. Nunca más el secuestro en Colombia”.

Una justicia que busca reparar, no castigar

Este modelo de justicia restaurativa fue pactado en el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Aunque los condenados no irán a prisión, deberán cumplir tareas verificables por organismos como la ONU, enfocadas en reparación a las víctimas: búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, construcción de memoria y protección del medio ambiente.

El magistrado Camilo Suárez, quien lideró el juicio, subrayó que esta justicia exige verdad completa, reconocimiento de responsabilidad y compromiso de no repetición. Quienes no cumplan con estos requisitos podrían enfrentar condenas de hasta 40 años en la justicia ordinaria.

Contexto histórico del conflicto armado

Las FARC surgieron en 1964, en medio de un país marcado por violencia política y desigualdad. Durante décadas, el conflicto armado involucró guerrillas, paramilitares, narcotráfico y fuerzas estatales. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2020 hubo más de 267 mil muertos y más de 8 millones de desplazados internos.

Aunque el acuerdo de paz logró la desmovilización de miles de combatientes, algunos frentes disidentes continúan activos. La JEP también investiga otros diez casos, que incluyen crímenes cometidos por militares, policías, empresarios y civiles vinculados a grupos armados ilegales.

Este jueves se espera otra sentencia histórica: la primera contra miembros del ejército y la policía por los llamados “falsos positivos”, donde civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate.