Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante y padre de familia, lleva casi cinco años en prisión por un delito que asegura nunca cometió. Todo comenzó con una llamada de auxilio a un policía que, tiempo después, fue vinculado con una presunta banda de secuestradores. Desde entonces, su vida cambió por completo.

Su caso fue armado por la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hoy convertida en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y está lleno de pruebas cuestionadas y procedimientos irregulares.

En 2017, tras un accidente de tránsito en el que estuvieron involucradas su madre y su hermana, Jorge Raúl llamó al policía de proximidad de su zona para pedir ayuda. Esa llamada, aparentemente rutinaria, se convirtió años después en el argumento para acusarlo de ser parte de un grupo criminal.

“Por pedir auxilio estoy aquí”, relata desde el penal de Neza Bordo, donde permanece recluido desde enero de 2021.

Detención y proceso

En 2021, agentes encubiertos lo citaron bajo el pretexto de comprarle termómetros —producto que vendía durante la pandemia— y lo arrestaron con armas largas. Desde entonces enfrenta tres carpetas de investigación por secuestro, una de ellas ya con sentencia de 50 años.

Durante el juicio, la fiscalía lo vinculó a un secuestro ocurrido en 1994 basándose en una grabación de voz. Sin embargo, en ese año Jorge Raúl tenía apenas 15 años, y peritajes independientes demostraron que la voz no era la suya. Aun así, las pruebas nunca fueron incorporadas en su defensa.

“Por un audio de 1994 estoy aquí, preso”, denuncia.

Un llamado a las autoridades

Jorge Raúl pide a la presidenta Claudia Sheinbaum y al nuevo Poder Judicial que revisen su caso y el de cientos de personas que, como él, aseguran haber sido víctimas de delitos fabricados.

“Quiero estar de vuelta con mis hijos, con mi esposa, apoyar a mis padres y a mis hermanas. Tengo mucha familia, muchos amigos, gente que me quiere”, expresa.

Un problema más grande

Su historia no es aislada. Organizaciones y defensores han señalado que la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a personas de bajos recursos, convirtiéndose en una herramienta que encarcela inocentes. Casos como el suyo se suman a otros emblemáticos que evidencian cómo las autoridades han recurrido a montajes y pruebas falsas para sostener acusaciones.