Alerta en la Corte: fallo contra Google por 5 mil millones abriría la puerta a la censura digital

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para emitir una resolución histórica que podría redefinir los límites de la libertad de expresión en internet. El máximo tribunal tiene en sus manos el desenlace del amparo 8/2023, derivado del prolongado litigio entre el gigante tecnológico Google Inc. y el abogado Ulrich Richter. Tras obtener fallos a su favor en instancias locales que condenan a la plataforma a pagar una indemnización de 5 mil millones de pesos por daño moral, expertos y organizaciones civiles advierten que ratificar esta sanción obligaría a las empresas digitales a asumir funciones de censura preventiva para protegerse de multas millonarias.

El conflicto legal tiene su origen en 2014, con la creación de un sitio en la plataforma Blogger —propiedad de Google— titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria”. En dicho espacio, se vinculaba al abogado y a su esposa con delitos graves como lavado de dinero, narcotráfico y el caso de corrupción de la empresa Oceanografía, sin presentar pruebas. Un año después, ante la negativa de la compañía de eliminar el contenido argumentando la falta de una orden judicial que declarara la ilegalidad del sitio, Richter interpuso la demanda. Las resoluciones previas han responsabilizado directamente al intermediario tecnológico, sentando un precedente que ha encendido las alarmas a nivel internacional.

Ante la inminente resolución que presentará el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, presentaron recursos de amicus curiae ante la Corte. Los defensores de derechos digitales argumentan que ceder el control de la información a entidades privadas generaría un grave “efecto inhibitorio”, provocando que las plataformas eliminen contenidos de forma arbitraria. R3D alertó además que este tipo de demandas millonarias están siendo utilizadas por grupos de poder como una puerta trasera para aplicar el “derecho al olvido” —figura inconstitucional en México— y borrar del debate público información que les resulta incómoda.

En su defensa, Google sostiene que responsabilizar a un intermediario equivale a imponer un mecanismo de censura previa delegada a particulares. La corporación argumenta que el blog en disputa debe ser catalogado como una sátira política y subraya que Richter, al ser una figura pública con alta proyección —quien recientemente compitió para fiscal de la Ciudad de México y ministro de la Corte—, debe someterse al estándar de “real malicia”, el cual exige tolerar un mayor grado de intromisión e intromisión ciudadana. El fallo de la SCJN definirá en los próximos días si el ecosistema digital mexicano se mantiene abierto o transita hacia un modelo de censura corporativa.