Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvieron la madrugada de este martes al director de Tránsito y Movilidad Municipal de Iguala, Mauro Antonio Mosso Benítez, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y su vínculo directo con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el funcionario —quien durante la trágica “noche de Iguala” se desempeñaba como agente activo de la Policía Estatal— es señalado como una pieza operativa clave tras comprobarse que utilizó el teléfono celular de uno de los estudiantes desaparecidos el 27 de septiembre de aquel año.

El despliegue táctico se ejecutó alrededor de las 04:00 horas en el exclusivo fraccionamiento Villas del Rey 2; fuentes de la región detallan que las fuerzas federales inhabilitaron el sistema de videovigilancia privado del complejo para poder efectuar la orden de cateo en la vivienda del mando policial, ubicada en la calle Reyna Victoria.

Durante la diligencia en el inmueble, las autoridades lograron incautar un arma de fuego corta, un arma larga, diversos cartuchos útiles, cargadores, dosis de narcóticos y múltiples teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes e integrados como evidencia fundamental a la carpeta de investigación AP. PGR/SDHPDSC/01/001/2015.

Tras el decomiso, el personal de la fiscalía colocó sellos de aseguramiento en las puertas y ventanas del domicilio, apuntando en la unidad de investigación que el lugar presuntamente era utilizado para actividades y reuniones relacionadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Mosso Benítez se mantuvo cobrando y operando en sus funciones públicas hasta la noche previa a su captura, cargo que le fue otorgado por la actual administración del presidente municipal Erick Catalán Rendón (PVEM).

Ante la magnitud del arresto, el gobierno local emitió un comunicado oficial en el que subrayó su respeto a los procedimientos judiciales y al Estado de derecho, anunciando que no se ha nombrado a un titular definitivo, pero que la dependencia continuará operando bajo la coordinación de un encargado temporal para no afectar la seguridad vial de la ciudad mientras un juez de control determina la situación jurídica del detenido.