El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ejecutó una nueva serie de sanciones dirigidas a la estructura logística y de lavado de activos del Cártel del Noreste (CDN) en el estado de Tamaulipas. La designación, fundamentada en la clasificación previa del CDN como organización terrorista extranjera, impone el bloqueo de bienes a empresas fachada, establecimientos de juego y perfiles estratégicos que fungen como facilitadores de la organización criminal bajo esquemas de representación legal y activismo civil.

La acción restrictiva documenta la utilización de la industria del juego como mecanismo de blanqueo de capitales, identificando dos establecimientos clave en la entidad. El principal es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo a una distancia de 3.2 kilómetros del límite fronterizo, operado por la firma Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Los dictámenes técnicos de la OFAC establecen que este inmueble opera bajo una función dual: como centro de almacenamiento logístico para fentanilo y cocaína, y como vehículo para la integración de ganancias ilícitas al sistema financiero formal. El segundo establecimiento sancionado es el Diamante Casino, localizado en el municipio de Tampico.

El informe de la OFAC detalla la estructura de habilitadores del cártel, señalando a tres operadores con funciones específicas. Destaca el caso de Jesús Reymundo Ramos Vázquez, a quien el Tesoro acusa de emplear una fachada de activista de derechos humanos con el propósito exclusivo de proteger a miembros de la organización. Según el reporte oficial, Ramos Vázquez financia protestas y formula denuncias falsas contra efectivos del Ejército Mexicano para obstaculizar operaciones de seguridad.

En el ámbito jurídico, el Departamento del Tesoro designó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, argumentando que su representación legal hacia capos de la organización, como Miguel Ángel Treviño Morales, excede los parámetros convencionales de la relación abogado-cliente para constituir un rol operativo dentro de la estructura. Asimismo, las sanciones alcanzan a Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como el encargado de coordinar el tráfico de personas indocumentadas a través del Río Bravo hacia el estado de Texas. La aplicación de estas sanciones implica el congelamiento inmediato de todas las propiedades, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense pertenecientes a los designados.