“Blancos de Troya”, el grupo que extorsiona a limoneros en Michoacán

By Published On: enero 23, 2026

Productores de limón en Michoacán denunciaron la operación de un grupo criminal identificado como “Blancos de Troya”, señalado como responsable de extorsiones sistemáticas en la región.

La organización ha impuesto cuotas ilegales a los agricultores, condicionando la comercialización del cítrico y generando pérdidas económicas significativas.

Los testimonios recabados revelan que los integrantes de “Blancos de Troya” obligan a los productores a pagar montos fijos por cada caja de limón, bajo amenazas de violencia. Esta práctica ha afectado tanto a pequeños agricultores como a grandes comercializadores, quienes aseguran que la situación ha puesto en riesgo la viabilidad de la actividad agrícola en municipios clave del estado.

Autoridades locales reconocen la presencia del grupo, aunque admiten que su capacidad de respuesta ha sido limitada frente a la expansión de la red criminal. La Secretaría de Seguridad Pública estatal ha señalado que se realizan operativos en coordinación con fuerzas federales, pero los productores insisten en que la protección es insuficiente y que continúan siendo blanco de extorsiones.

El fenómeno de la extorsión en el sector agrícola de Michoacán no es nuevo. Durante los últimos años, diversos grupos criminales han encontrado en el limón un negocio lucrativo, aprovechando su alta demanda nacional e internacional. La intervención de “Blancos de Troya” confirma la persistencia de estas prácticas y la dificultad de erradicarlas.

Organizaciones civiles y especialistas en seguridad advierten que la extorsión a los limoneros refleja la debilidad institucional y la falta de estrategias integrales para combatir el crimen organizado en el campo. Señalan que, mientras no se garantice seguridad efectiva, los productores seguirán expuestos a la violencia y a la pérdida de ingresos.

La denuncia contra “Blancos de Troya” pone de nuevo en el centro del debate la necesidad de reforzar la presencia del Estado en regiones agrícolas estratégicas y de diseñar políticas que protejan a los productores frente a las redes criminales que han convertido la extorsión en un negocio permanente.

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