Un bombardeo masivo perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó un saldo preliminar de al menos 33 personas fallecidas, convirtiéndose en una de las ofensivas más mortíferas registradas contra zonas civiles en lo que va del año.

Ante esta nueva escalada en el conflicto armado, el gobierno de Ucrania calificó el ataque como una acción deliberada contra la población civil y exigió a la comunidad internacional un endurecimiento de las sanciones económicas y diplomáticas en contra de Moscú. Por su parte, organismos defensores de derechos humanos reiteraron su profunda preocupación por el incremento sostenido de bombardeos dirigidos hacia áreas urbanas, recordando que este tipo de acciones contraviene de manera directa los principios fundamentales del derecho internacional humanitario aplicados a los conflictos bélicos contemporáneos.