El Tren Maya, la obra estrella de la 4T ya no solo carga con sobrecostos y devastación ambiental, ahora también, arrastra piedra robada de bancos clandestinos de Tamaulipas, corrupción y un accidente que pudo costar vidas humanas.

El reciente descarrilamiento del Tren Maya en Izamal, Yucatán, encendió las alarmas y de acuerdo a especialistas ferroviarios apuntan a que la causa fue el uso de balasto de mala calidad, éste es el material que sostiene las vías. Gran parte de esa piedra, lejos de provenir de proveedores certificados, fue “contrabandeado” desde Tamaulipas, extraída de bancos clandestinos o sin permisos vigentes, operando al margen de la ley.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, no solo tuvo conocimiento de estas operaciones, sino que llegó a promocionar públicamente uno de esos bancos irregulares —conocido como “El Escorpión”— en un vídeo difundido en redes sociales.

De acuerdo a una solicitud de información, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) de Tamaulipas confirmó que el depósito de materiales “El Escorpión” no tiene vigente su concesión para ejercer.

Ese banco, sin permisos ambientales ni fiscales, no pagaban derechos de extracción, omitían trámites ambientales obligatorios y evadían contribuciones millonarias al erario estatal y federal. Un doble golpe al medio ambiente y a las finanzas públicas.

Según las propias declaraciones del alcalde Armando Martínez y fuentes consultadas, de ese banco de material extrajeron el menos 500 mil m3 de basalto, lo que implicaría un daño al erario o evasión fiscal por más de 10 millones de pesos.

La extracción del balasto violó de manera directa el Código para el Desarrollo Sustentable de Tamaulipas y la Ley de Hacienda estatal, devastando suelos y ecosistemas sin autorización. Fuentes de la dependencia aseguran que la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tenían conocimiento de la extracción ilegal de material en dicho banco sin que se ejercieran las acciones correspondientes para recuperar los recursos evadidos al estado.

Fuentes consultadas, cercanas a esta situación, señalan que empresas contratistas del Tren Maya compraron este basalto ilegal, transportado por tierra y mar hacia el sureste, para cumplir plazos a marchas forzadas.

“Este banco de materiales es de los muchos del estado que operan bajo la ilegalidad, sin permiso; extrajeron balasto cuando estuvo el auge de la obra del Tren Maya y consiguieron venderlo a empresas que participaron en la construcción, autoridades de todos los niveles estuvieron enteradas y de cierta manera participaron para que pudiera ser así”.

“El descarrilamiento no fue un accidente, fue la factura de una cadena de corrupción que empieza en un banco clandestino de Altamira y termina en las vías del Tren Maya. Y mientras el alcalde posa en vídeo como promotor de la piedra robada, las autoridades callan. El tren sigue en marcha… pero sobre rieles de impunidad”.