La tierra sepultó a Francisco Zapata Nájera hace casi dos semanas, pero es la negligencia institucional la que amenaza con ahogar cualquier esperanza de rescate. A 13 días del trágico derrumbe en una mina de oro ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, los esfuerzos para extraer con vida a este trabajador y localizar a otro de sus compañeros desaparecidos avanzan a cuentagotas, evidenciando las mortales deficiencias en los protocolos de protección civil y la nula supervisión de las autoridades laborales a nivel federal.

El siniestro, que ha mantenido en vilo a los familiares a las afueras del socavón, desnuda una realidad sistemática en la industria extractiva del país: la operación bajo condiciones de precariedad extrema y la complicidad estatal. De acuerdo con testimonios y reportes técnicos preliminares, el centro de extracción presentaba fallas estructurales y falta de apuntalamiento adecuado antes del colapso, omisiones que fueron ignoradas por los concesionarios y que pasaron desapercibidas ante las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Mientras los cuerpos de rescate, mineros locales y personal de protección civil arriesgan su propia integridad trabajando en un terreno inestable con maquinaria limitada para remover toneladas de roca, el reloj sigue corriendo en contra. La opacidad con la que se ha manejado la información sobre los responsables directos y la razón social de la concesión minera refleja un patrón de protección corporativa que ya ha marcado tragedias históricas en México, como las de Pasta de Conchos y El Pinabete.

El drama humano en El Rosario no es un “accidente” imprevisible; es el resultado predecible de priorizar la extracción de metales preciosos por encima de las normas básicas de vida. Hoy, mientras los reflectores políticos y la narrativa gubernamental se centran en otros frentes, el rescate de Zapata Nájera exige una intervención inmediata del Estado y no solamente el conteo de días desde la superficie.