Santiago, Chile.— La diplomacia latinoamericana tiene una habilidad innegable para producir fotografías impecables y acuerdos de nombres rimbombantes que, en la práctica, rara vez logran cruzar la frontera de los discursos oficiales. Este jueves, la capital chilena fue el escenario de un nuevo intento: el encuentro de alto nivel donde cancilleres y altos funcionarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú prometieron unirse para frenar la maquinaria del crimen organizado transnacional.

Bajo los reflectores, el anfitrión, el presidente chileno José Antonio Kast, pronunció las palabras que el electorado siempre quiere escuchar: “Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes”. El evento culminó con la firma del “Compromiso regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional”, un plan de acción conjunto impulsado por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, y suscrito por sus homólogos Pablo Quirno (Argentina), Fernando Aramayo (Bolivia), Carlos Pareja (Perú) y Gabriela Sommerfeld (Ecuador).

Sin embargo, el optimismo protocolario no logra ocultar el evidente descontento ciudadano ni las grietas internas de los gobiernos firmantes, que parecen utilizar estas cumbres como escudos mediáticos frente a su propia inoperancia.

La paradoja chilena: Promesas de mano dura sostenidas con planes ajenos

El “Compromiso de Santiago” establece un plazo de 180 días para medir avances y llevar los resultados a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero la credibilidad de Chile como líder de esta iniciativa está severamente cuestionada desde adentro.

Kast, quien cimentó su llegada al poder con la promesa de una política de seguridad implacable, enfrenta una crisis de gobernabilidad en este rubro. La falta de una estrategia propia y concreta ya cobró su primera víctima política con la renuncia de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a menos de tres meses de haber asumido el cargo.

El descontento se agudizó tras las recientes declaraciones de su sucesor, el actual ministro Martín Arrau. Lejos de presentar el “puño de hierro” prometido en campaña, Arrau admitió públicamente que la administración actual está operando bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por su antecesor y rival ideológico, Gabriel Boric. Reconocer que un plan heredado es “suficiente” ha dejado a los votantes de Kast con la amarga sensación de haber recibido un discurso vacío envuelto en promesas electorales que hoy son incapaces de sostener.

Un continente desbordado: La realidad que los acuerdos no logran maquillar

Mientras los cancilleres intercambian firmas y proyectan reuniones a futuro, la violencia transfronteriza sigue marcando el ritmo en las calles, exponiendo la insuficiencia de los esfuerzos estatales aislados:

• Perú y la sangre electoral: La inseguridad ya no es solo una estadística, sino el factor decisivo para sus próximas elecciones presidenciales. Tan solo en el mes de febrero, el país registró 196 homicidios, evidenciando una crisis que el Estado no logra contener.

• Ecuador y la intervención externa: Superado por el poder de fuego de los cárteles, el gobierno ecuatoriano ha tenido que ceder parte de su soberanía operativa, anunciando operaciones conjuntas directas con Estados Unidos para desbaratar grupos a los que ya clasifica oficialmente como terroristas.

• Argentina y el alineamiento con Washington: En una línea similar, la administración argentina ha optado por firmar acuerdos bilaterales con la Casa Blanca, buscando el respaldo logístico que la región por sí sola no puede proveer.

Al final del día, el “Compromiso regional de Santiago” es un reconocimiento tácito de la derrota estatal frente al narcotráfico y la migración irregular. La verdadera prueba para estos cinco países no será presentar un informe decoroso en la próxima asamblea de la OEA, sino demostrar en esos 180 días que sus firmas pueden traducirse en algo más que buenas intenciones frente a organizaciones criminales que no necesitan firmar tratados para operar con total impunidad.