El asedio armado al interior de la Zona Arqueológica de Teotihuacán culminó con el despliegue táctico de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en un operativo que registró un saldo final de dos personas fallecidas, incluida una ciudadana de nacionalidad canadiense, y siete lesionados. La evidencia audiovisual y pericial del enfrentamiento documenta el repliegue del agresor hacia los niveles superiores de la Pirámide de la Luna.

En este perímetro, al verse cercado por las fuerzas federales que implementaron una línea de contención utilizando unidades vehiculares como escudos balísticos, el atacante ejecutó múltiples detonaciones con un arma larga contra las estructuras y los efectivos de seguridad, previo a perder la vida en la cima del basamento, en un acto que los dictámenes preliminares de la Fiscalía General de Justicia perfilan como suicidio.

La movilización de las corporaciones de los tres niveles de gobierno se activó alrededor del mediodía del lunes 20 de abril, tras registrarse cerca de 20 detonaciones de fuego cruzado en uno de los sectores de mayor concentración turística del país.

Los reportes oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y la Cruz Roja Mexicana confirmaron la atención hospitalaria de siete personas. Los registros de ingreso detallan a cuatro pacientes con lesiones por impacto de proyectil, entre los que figuran mujeres extranjeras provenientes de Colombia, Rusia y Canadá, además de un menor de edad con trauma en extremidades inferiores.

El resto de las víctimas presentaron fracturas y esguinces derivados de estampidas durante los protocolos de evacuación, siendo los perfiles de mayor gravedad trasladados bajo custodia estatal al Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

La crisis de seguridad en el recinto patrimonial escaló al ámbito diplomático, obligando al Ejecutivo Federal a establecer contacto directo con la embajada de Canadá para la repatriación y acompañamiento de la víctima mortal. De manera simultánea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó el cierre total y acordonamiento de la instalación arqueológica para facilitar las diligencias ministeriales.

El incidente expone la fragilidad de los esquemas de vigilancia en el Valle de Teotihuacán, una demarcación que ya operaba bajo advertencias del sector empresarial por el incremento en las tasas de extorsión a prestadores de servicios por parte de grupos armados, sumando una crisis de inseguridad a la deficiente regulación técnica que ha caracterizado a la industria turística local durante el último año.