El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, obtuvo un amparo federal que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a liberar sus cuentas bancarias, aseguradas desde 2019.

La protección judicial dictada a favor del exmandatario fractura el cerco financiero impuesto por las autoridades federales bajo señalamientos de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema nacional.

El fallo, emitido por el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, determinó que el bloqueo de los activos se ejecutó de manera inconstitucional al carecer de una petición formal por parte de un organismo internacional. El dictamen técnico se fundamentó en una jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual establecía que la UIF excedía sus facultades jurisdiccionales al congelar cuentas por motivaciones estrictamente nacionales, trastocando el principio de seguridad jurídica.

La resolución a favor de Yarrington logró capitalizar un vacío temporal en el máximo tribunal del país. Apenas este lunes, el Pleno de la SCJN modificó el criterio que prevaleció durante ocho años, avalando finalmente que la dependencia federal pueda congelar fondos en casos nacionales sin intervención judicial ni requerimientos del extranjero, siempre que existan indicios de lavado de dinero. Sin embargo, al haberse dictado la sentencia del exgobernador el pasado 31 de marzo, días antes del cambio de criterio jurisprudencial, la UIF se encuentra obligada a acatar el mandato y ejecutar el desbloqueo.