El histórico proceso judicial que enfrentan el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos, ha entrado en una fase crítica donde la geopolítica choca de frente con los derechos constitucionales. Durante una tensa audiencia de más de una hora, el juez federal Alvin Hellerstein dejó entrever la dirección que podría tomar el caso al cuestionar los argumentos del Departamento de Justicia para impedir que el Estado venezolano pague la defensa privada de la pareja.

Aunque Hellerstein aún no ha emitido un fallo definitivo sobre si ordenará a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) liberar fondos para cubrir los honorarios del abogado defensor, Barry Pollack, el magistrado dejó muy clara su postura: el derecho a una defensa adecuada, garantizado por la Sexta Enmienda, prevalece sobre las justificaciones de política exterior y seguridad nacional esgrimidas por la Fiscalía.

A partir de los intensos intercambios entre el juez y el fiscal adjunto Kyle Adam Wirshba, estas son las tres pistas fundamentales sobre lo que le espera a Maduro y Flores en su proceso legal:

1. El argumento de “Seguridad Nacional” pierde peso La Fiscalía argumentó que mantener congelados los activos venezolanos y bloquear el pago de la defensa es vital para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU. Sin embargo, el juez Hellerstein desestimó esta premisa señalando que el contexto geopolítico ha cambiado drásticamente desde que se impusieron las sanciones en 2015 y 2019. “Estados Unidos ya está haciendo negocios con Venezuela”, afirmó el magistrado, refiriéndose a las licencias petroleras vigentes. Además, fue tajante respecto a la peligrosidad de los acusados hoy en día: “El acusado está sentado aquí, Flores está aquí. Ya no representan una amenaza para la seguridad nacional… Las cosas han cambiado”.

2. Una investigación demasiado compleja para abogados de oficio El nivel del caso exige recursos extraordinarios. Hellerstein expresó serias dudas de que los abogados de oficio —pagados por el Estado estadounidense— tengan la capacidad operativa y el presupuesto para llevar una investigación de esta magnitud, la cual requeriría revisar montañas de evidencia clasificada y realizar viajes a Colombia y Venezuela. El abogado Pollack aseguró que el actual gobierno venezolano está “listo y capacitado” para costear la defensa, un escenario que el juez ve con buenos ojos, ya que liberaría a los contribuyentes estadounidenses de pagar la factura de un juicio internacional tan complejo.

3. La desestimación del caso: una amenaza latente En varias ocasiones, el juez calificó el proceso contra Maduro y Flores como un caso “sin precedentes” y “más allá de lo normal”. Aunque Hellerstein aclaró que por ahora no está considerando desestimar los cargos (como solicitó la defensa), dejó la puerta abierta a esta medida extrema si la Fiscalía y el Departamento del Tesoro (OFAC) se niegan a emitir la licencia para liberar los fondos del pago de abogados. Ante la incapacidad de la Fiscalía para demostrar, hasta el momento, que la pareja presidencial posea dinero propio para costear su defensa, el magistrado recomendó al gobierno revisar la situación con la OFAC antes de que él tome una decisión que podría tambalear todo el proceso.

En las próximas semanas, el juez Hellerstein emitirá su resolución, la cual definirá no solo quién pagará a los abogados de Nicolás Maduro, sino la viabilidad misma de uno de los juicios más mediáticos en la historia reciente de Estados Unidos.