En un sorpresivo revés interno para la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de la República aprobó en lo general su “Plan B” de reforma electoral, pero le cerró el paso a su intención de aparecer en la boleta durante las elecciones intermedias.

Fue la propia bancada del Partido del Trabajo (PT), su histórico aliado, la que interpuso y ganó una reserva al artículo 35 constitucional para impedir que el ejercicio de revocación de mandato se empate con los comicios de 2027, obligando a que la consulta ciudadana se mantenga inamovible para el cuarto año de su gobierno, en 2028.

El dictamen fue avalado con 87 votos a favor del bloque oficialista y 41 en contra de la oposición, marcando una ríspida sesión donde el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron a Morena de intentar aplicar una “Ley Maduro” para usar la figura presidencial como ancla y traccionar votos hacia sus candidatos. La senadora petista Liz Sánchez justificó la fractura oficial en este punto argumentando que mezclar ambos procesos en un mismo calendario distorsionaría el sentido democrático de la revocación, aunque la dirigencia de su partido se apresuró a reafirmar su lealtad a la Cuarta Transformación para apagar rumores de ruptura.

Pese al descalabro en el tema de la boleta, el oficialismo logró sacar adelante las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134, imponiendo una dura política de austeridad institucional. La reforma obliga a reducir el presupuesto del Senado en un 15 por ciento de forma progresiva, topa el gasto de los congresos estatales a un máximo del 0.6 por ciento del presupuesto de sus entidades, y limita la integración de los ayuntamientos a un tope de 15 regidores, un tijeretazo a la burocracia con el que el gobierno federal proyecta generar ahorros por 4 mil millones de pesos.