El impacto de la criminalidad en México ha trascendido la crisis de seguridad pública para convertirse en un severo lastre financiero. De acuerdo con un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, entre 2012 y 2024 el costo del delito acumuló la exorbitante cifra de 3.59 billones de pesos. En términos prácticos, la delincuencia le arrebata a los ciudadanos casi 800 millones de pesos diarios, lo que equivale a 30 millones de pesos perdidos cada hora.

La evolución de este indicador muestra una tendencia al alza alarmante, registrando un crecimiento del 69.6% en los últimos 13 años. Mientras que en 2012 el impacto anual se calculaba en 215 mil millones de pesos, para 2023 y 2024 la cifra rompió récords históricos al superar los 364 mil millones de pesos anuales. Este aumento fue particularmente notorio al comparar las últimas dos administraciones federales: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el costo económico del crimen fue un 26.5% mayor que en el periodo de Enrique Peña Nieto (2013-2018).

¿En qué pierden su dinero las víctimas? El grueso de este impacto económico funciona como una especie de “impuesto criminal informal”. Aproximadamente el 64% del costo total (2.29 billones de pesos) corresponde a pérdidas patrimoniales directas derivadas de robos, fraudes y extorsiones que merman los ingresos familiares. Por otro lado, los delitos violentos han disparado los gastos médicos y de atención a la salud integral de las víctimas en un 86.6%, pasando de 7.7 mil millones de pesos en 2012 a más de 14.4 mil millones en 2024.

A nivel geográfico, el golpe económico se concentra en las entidades con mayor densidad urbana, industrial y logística. El Estado de México encabeza la lista negra con pérdidas acumuladas por 489 mil millones de pesos, seguido por la Ciudad de México (355 mil millones) y Jalisco (270 mil millones). Juntas, estas tres entidades concentran una tercera parte del costo total del delito en el país, seguidas por polos de desarrollo como Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Veracruz.

Para dimensionar la gravedad de esta fuga de capital, los 3.59 billones de pesos perdidos ante la delincuencia equivalen al 35% del Presupuesto de Egresos de la Federación proyectado para 2026, o a más de 12 años completos del presupuesto federal destinado a seguridad pública.