La red de complicidad criminal que presuntamente operó desde el Palacio Municipal de Tequila sigue bajo el escrutinio de la justicia federal. Diego Rivera Navarro, exalcalde morenista de dicho municipio, obtuvo una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra; sin embargo, este recurso legal no le otorga la libertad, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) pintan un panorama sombrío sobre su administración. Lejos de los principios de “no mentir, no robar y no traicionar” que Rivera presumió al asumir el cargo en octubre de 2024 —convirtiéndose en el primer alcalde de Morena en romper la hegemonía histórica del PAN y el PRI en Tequila—, el expediente lo señala como el presunto líder de una célula delictiva enquistada en el gobierno municipal. Se le acusa de secuestro, tortura y de amedrentar sistemáticamente a empresarios del ramo tequilero y comerciantes locales, operando en estrecha colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El aparato de impunidad y el terror electoral La carpeta de investigación revela que Rivera Navarro no operaba solo. Su estructura de poder contaba con personajes clave como Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, y Julio César Limón Trigueros. Este último, fungiendo como jefe de gabinete municipal, era el presunto encargado de mantener el control político interno, coordinar las distintas áreas del ayuntamiento para encubrir las actividades ilícitas y blindar al grupo frente a posibles acciones legales, según testimonios de víctimas y testigos de identidad reservada.

Uno de los capítulos más oscuros que se le imputan ocurrió durante el proceso electoral de 2021. Rivera estaría directamente relacionado con el secuestro de Guillermo Cordero García, entonces precandidato a la alcaldía de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. La gravedad de este caso escaló a niveles institucionales: la FGR investiga la presunta participación del entonces Notario Público Número 2 de Tapalpa, quien aparentemente fue utilizado para recabar —bajo coacción— las firmas con las que ambos políticos plagiados renunciaron a sus aspiraciones ante el órgano electoral. Ante esta revelación, el juez federal ordenó dar vista al Ministerio Público para abrir una investigación directa contra el fedatario.

Reclasificación de delitos y cerco legal Durante una audiencia celebrada el pasado 10 de febrero, un juez federal había concedido un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y ratificado la prisión preventiva justificada contra el exedil por la privación ilegal de la libertad de un artesano. Sin embargo, tras analizar el caso de los candidatos secuestrados, el juzgador determinó reclasificar el delito hacia uno mucho más severo: delincuencia organizada con fines de secuestro, sumando la agravante de haberse cometido aprovechando su calidad de servidor público.

Aunque la defensa de Rivera logró tramitar un amparo que derivó en la reciente suspensión definitiva contra la vinculación a proceso, el exfuncionario de la autodenominada Cuarta Transformación enfrentará el litigio desde la celda de máxima seguridad en el Estado de México, mientras la justicia federal intenta desentrañar hasta dónde penetró el crimen organizado en las entrañas del municipio tequilero.