Desde la entrada en vigor de la Ley Olimpia en Tamaulipas durante el 2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha integrado más de 4 mil carpetas de investigación por delitos de ciberacoso y violación a la intimidad. La información, revelada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, evidencia un incremento sostenido en la denuncia por la difusión no consentida de material íntimo, comúnmente conocido como “packs”.

El reporte estadístico demuestra cómo este delito se ha hecho más visible y denunciado año con año. En su inicio, durante el 2020, las autoridades estatales únicamente abrieron 21 carpetas de investigación. Para el 2021 los casos escalaron a 314, en 2022 subieron a 528, y durante el 2023 se registraron 807 denuncias. La tendencia al alza continuó en 2024 con 922 expedientes, mientras que el 2025 cerró con la cifra más alta hasta el momento: 1,397 indagatorias. Tan solo en el corte de enero de 2026, ya se contabilizaban 109 carpetas nuevas.

Del volumen total de estas querellas, la Fiscalía detalla que 675 casos corresponden específicamente al delito de violación a la intimidad. Por su parte, la gran mayoría de las denuncias, equivalentes a 3,423 expedientes, se iniciaron bajo el cargo de ciberacoso.

Las agencias del Ministerio Público que han documentado estos delitos se concentran en los principales distritos judiciales de la entidad, abarcando Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y la Zona Sur. En la recepción y seguimiento de estos casos intervienen directamente la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, en coordinación con la Dirección General de Tecnología, Información y Telecomunicaciones.

La legislación, nombrada así en reconocimiento a la activista Olimpia Coral Melo Cruz —quien en 2013 sufrió la exhibición no consentida de un video—, tiene como propósito central proteger a las víctimas de violencia en entornos digitales. A nivel estatal, esta normativa otorga herramientas a la Fiscalía para perseguir el hostigamiento, las amenazas y a quienes compartan, publiquen o comercialicen imágenes, videos o audios íntimos sin autorización, contemplando castigos que van desde multas económicas hasta penas de prisión.

Si bien la tipificación legal representó un avance crucial en la defensa de mujeres y jóvenes frente a la violencia digital, la acumulación de más de 4 mil expedientes en seis años demuestra que la erradicación de estas prácticas sigue siendo un reto mayúsculo para la justicia y la sociedad tamaulipeca.