Cuestionado sobre esta omisión, el consejero presidente, Juan José Ramos Charre, justificó la falta de información bajo el argumento de que las adquisiciones menores a 250 mil pesos se respaldan con órdenes de compra o pedidos, en lugar de contratos formales. Según su explicación, la normatividad interna únicamente obliga a firmar contratos para los arrendamientos, sin importar su costo, y para las adquisiciones que rebasen dicho tope económico, por lo que descartó cualquier ilegalidad en los procedimientos.

Sin embargo, Ramos Charre, quien también preside el comité de compras integrado por funcionarios de las áreas administrativa y ejecutiva, reconoció que en estas operaciones menores no existe un contrato como tal. Al catalogarse como órdenes de compra, la plataforma de transparencia del IETAM no ofrece acceso a los documentos íntegros, lo que impide consultar las cláusulas, garantías y condiciones bajo las cuales se asignó el dinero público a los particulares.

Esta reserva de documentos en el IETAM se da en medio de los señalamientos vigentes a nivel nacional contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Aunque el consejero presidente aseguró que las autoridades electorales locales están a favor de transparentar sus operaciones, en la práctica el portal oficial mantiene inaccesibles los expedientes de las 105 compras referidas.

A la falta de información detallada sobre el ejercicio presupuestal de la primera mitad de 2026, se suman las adquisiciones proyectadas para el proceso electoral 2026-2027. Actualmente, el IETAM mantiene abiertas dos licitaciones nacionales enfocadas en la compra de material electoral y equipo informático. Las bases de estos concursos establecen como requisito que las empresas participantes acrediten al menos cinco contratos previos con otros institutos electorales durante los últimos cinco años.

La selección y escrutinio de los próximos proveedores recobra relevancia logística y financiera para la elección de 2027, dado el antecedente del proceso electoral inmediato anterior, donde una de las empresas contratadas por el IETAM enfrentó señalamientos formales por anomalías en el cumplimiento de sus servicios.