Transportistas se movilizan en Tamaulipas para exigir un alto al terror en las carreteras

Por: Publicado: Octubre 26, 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El gremio transportista ha dicho “basta”. Frente a la imparable ola de asaltos, extorsiones y violencia armada que impera en las vías de comunicación del estado, cientos de operadores de carga pesada se movilizaron este lunes para exigir garantías mínimas de seguridad. Las carreteras de Tamaulipas, vitales para el comercio nacional e internacional, se han convertido en corredores de la muerte donde transitar es una auténtica ruleta rusa, todo bajo la mirada cómplice y la inacción de los gobiernos estatal y federal.

Los manifestantes denunciaron que las mesas de seguridad y las promesas oficiales no son más que discursos vacíos que chocan de frente con la realidad: unidades calcinadas, mercancía robada y, lo más trágico, compañeros asesinados o desaparecidos. La exigencia es clara y directa hacia una administración que prefiere minimizar la crisis de inseguridad en sus conferencias de prensa mientras el crimen organizado impone su propia ley, cobrando cuotas de paso y secuestrando la economía regional.

El rotundo fracaso de la Guardia Nacional

Esta movilización exhibe de cuerpo entero el fracaso de la estrategia de militarización y la inoperancia de la Guardia Nacional. Los transportistas acusan que los elementos federales brillan por su ausencia en los tramos más peligrosos del estado, dejando a los choferes en total indefensión. Mientras la cúpula en el poder presume supuestos descensos en los índices delictivos desde la comodidad de vehículos blindados, quienes sostienen la cadena de suministro del país arriesgan su vida a diario sin ningún respaldo institucional.

El abandono de las carreteras no solo es una tragedia humana, sino un golpe fulminante a la competitividad económica de Tamaulipas. El encarecimiento de los fletes por el pago de seguros y extorsiones termina impactando los bolsillos de los ciudadanos, demostrando que la negligencia de las autoridades para combatir al crimen organizado tiene un costo altísimo que el gobierno federal, fiel a su costumbre, se niega a asumir.