El Gobierno de Tamaulipas aseguró que no ha contratado a las 11 empresas ni a las cuatro personas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. En contraste, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció relaciones comerciales previas con dos de las compañías señaladas.

El Gobierno de Tamaulipas descartó tener vínculos contractuales con las empresas y personas incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos nexos con el Cártel del Noreste.

Tras revisar los registros de proveedores de bienes y servicios, así como los padrones de contratistas de obra pública, la administración estatal informó que ninguno de los señalados ha celebrado contratos desde el 1 de octubre de 2022, cuando comenzó el actual gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Como medida preventiva, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a las dependencias estatales a impedir futuras inscripciones, adjudicaciones o contrataciones con las personas y empresas sancionadas, así como con las compañías en las que participen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció que dos de las empresas señaladas, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), mantuvieron relaciones comerciales con el municipio antes de que se anunciaran las sanciones.

Ante esta situación, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas ordenó una auditoría interna para revisar los procedimientos de contratación y el ejercicio de los recursos públicos relacionados con ambas compañías.

Las medidas de Estados Unidos, anunciadas el 13 de octubre, alcanzan a cuatro personas y 11 empresas con domicilios en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León, por presuntos vínculos con el grupo criminal y actividades financieras ilícitas.