Por Marcela Guzmán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El caso de Dafne volvió a colocar bajo escrutinio los controles de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) sobre su personal luego de que el padre de Dafne, quien se desempeñaba como director de un plantel educativo, fuera separado del cargo tras ser señalado en una investigación por un presunto delito de violación en contra de la menor.

La dependencia reconoce que mantiene identificadas 62 carpetas de investigación relacionadas con trabajadores de la educación, algunas abiertas desde hace más de una década.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que los empleados involucrados permanecen separados de sus cargos cuando la autoridad competente notifica formalmente una investigación que pueda poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La declaración se da luego de que el padre de Dafne, quien se desempeñaba como director de un plantel educativo, fuera separado del cargo tras ser señalado en una investigación por el presunto delito de violación contra la menor.

“Son 62, no son de esta administración; algunas tienen más de 10 años, 15 años abiertas”, reconoció Valdez García.

De acuerdo con el funcionario, los trabajadores y directivos relacionados con estas carpetas han sido separados de sus funciones mientras continúan los litigios y procesos correspondientes.

“Todos ellos tienen la garantía de que están separados de su cargo desde hace muchos años, en tanto el litigio, los juicios, etcétera”, afirmó.

La SET tampoco informó cuántos casos corresponden a delitos sexuales, violencia física, maltrato psicológico, abuso de autoridad u otras conductas.

*Investigaciones que envejecen sin justicia*

El secretario sostuvo que la dependencia se encuentra “al día” y que actúa conforme a lo que determinan la Fiscalía General de Justicia y las autoridades laborales.

Explicó que, una vez concluido un juicio, las juntas laborales pueden ordenar la reinstalación del trabajador, el pago retroactivo de salarios o la separación definitiva, dependiendo del resultado.

“Nos dicen si luego de que termina el juicio hay que reinstalarlos en su mismo puesto y hacer retroactivo de sueldo, o simplemente ya perdieron”, detalló.

El problema es que algunas investigaciones llevan entre 10 y 15 años abiertas. Durante ese tiempo, las víctimas y sus familias permanecen a la espera de una resolución, mientras el sistema laboral y las autoridades investigadoras definen el destino de los señalados.

La separación administrativa no equivale a una sentencia ni sustituye una investigación penal. Tampoco garantiza, por sí sola, que un trabajador no tenga contacto con menores en otros espacios o que la institución haya activado medidas de protección oportunas.

*El caso Dafne exhibe las fallas*

El expediente relacionado con el padre de Dafne vuelve a poner en duda los tiempos de reacción de las autoridades. La SET sostiene que ningún trabajador puede permanecer en funciones cuando recibe una notificación oficial de separación, pero no explicó cuánto tiempo transcurrió entre el inicio de la investigación, la notificación y la salida del director.

Tampoco aclaró si antes de la notificación existían alertas, quejas o antecedentes que hubieran obligado a activar medidas preventivas.

Valdez García afirmó que todo profesor o directivo debe estar libre de procesos que puedan afectar los derechos humanos y la integridad de los menores. Pero la existencia de 62 carpetas con antigüedad de hasta 15 años evidencia que el problema no es únicamente actuar cuando llega un oficio, sino detectar a tiempo los riesgos y evitar que los expedientes se pierdan en la burocracia.

La SET asegura que los trabajadores investigados están separados. Lo que falta es transparentar cuántos casos han sido resueltos, cuántos terminaron en sanciones y cuántas personas podrían volver a sus puestos con salarios retroactivos pese a haber sido señaladas durante años.