Luego de que la diputada Mercedes Guillén Vicente planteara que las acciones contra la extorsión deberían comenzar dentro de los penales, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas negó que existan indicios de llamadas delictivas realizadas desde los centros penitenciarios del estado.

La legisladora señaló que Tamaulipas ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en extorsiones presuntamente, y consideró necesario reforzar las revisiones, ahora que será obligatorio el registro de líneas telefónicas.

En respuesta, el secretario de Seguridad afirmó que los cinco centros penitenciarios estatales son revisados al menos una vez al mes y cuentan con inhibidores de señal.

“Es muy improbable que salgan llamadas de ahí”, declaró.

El funcionario añadió que, hasta el momento, no han localizado teléfonos celulares dentro de los penales ni encontrado indicios de que desde esos lugares se realicen llamadas de extorsión.

Sin embargo, la dependencia no informó cuántos operativos se han realizado, cuántos equipos han sido asegurados en revisiones anteriores ni qué resultados concretos han tenido los inhibidores instalados.

La declaración oficial busca descartar a los penales como origen de las extorsiones, pero la preocupación planteada por la diputada mantiene abierto el cuestionamiento sobre la eficacia real de los controles y la capacidad de las autoridades para detectar comunicaciones clandestinas dentro de los centros penitenciarios.