La intención de prohibir definitivamente los dispositivos móviles en los planteles choca con los derechos infantiles y la brecha digital.

La legisladora federal Blanca Narro Panameño advirtió sobre el impacto negativo de imponer un bloqueo absoluto a los teléfonos y tabletas en las escuelas. Para la diputada, aplicar una restricción generalizada resultaría en una medida desproporcionada que vulneraría los derechos humanos de los estudiantes. La postura en el Congreso sugiere reformar la normativa educativa para establecer lineamientos claros de uso, evitando llegar a la prohibición extrema en los planteles de Tamaulipas y el resto del país.

En lugar de un veto definitivo, el debate legislativo contempla esquemas de restricción escalonada. Las alternativas sobre la mesa proponen regular el acceso a los equipos tecnológicos mediante controles de horarios, delimitación de espacios al interior de los centros escolares o clasificaciones restrictivas según la edad de los menores. Este análisis cobra urgencia operativa ante el inminente arranque del ciclo escolar 2026-2027.

El diseño de estas nuevas reglas, que se discutirá formalmente a partir de septiembre, exige aterrizar en la realidad social. El planteamiento central indica que cualquier marco legal debe considerar factores críticos como la disparidad económica de las familias y los actuales déficits de conectividad. Además, el enfoque regulatorio de esta iniciativapretende abarcar aristas preventivas en materia de salud integral, protección de datos personales y combate a la violencia digital en las aulas.