Almoloya de Juárez.— Este martes se reanudó la audiencia inicial en la que la autoridad judicial federal determinará la situación legal del exgobernador de Guerrero. La Fiscalía General de la República (FGR) busca su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, derivados de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Durante el desahogo de la audiencia, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) presentó los datos de prueba con los que acusa al exmandatario estatal de haber ordenado directamente la destrucción y el ocultamiento de videos clave de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Estas grabaciones, de acuerdo con las investigaciones, documentaron el momento en que agentes estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.

Prisión preventiva y desahogo de pruebas

El exfuncionario fue aprehendido el pasado 6 de agosto en el Estado de México y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad del Altiplano. Tras su detención, la defensa legal solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas a su favor, plazo que vence precisamente el día de hoy.

Hasta el momento, la defensa ha presentado más de una treintena de elementos probatorios y testimonios de exfuncionarios de la administración estatal con el objetivo de desestimar la acusación de encubrimiento. Por su parte, la representación de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos permanece atenta al desarrollo del proceso desde la sala de testigos protegidos, exigiendo que se garantice el acceso a la justicia y no exista impunidad para los altos mandos implicados.

Se espera que en las próximas horas la autoridad judicial emita su resolución, la cual definirá si el Ejecutivo estatal de aquel periodo permanecerá formalmente sujeto a un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.