Ciudad de México.— En un nuevo y contundente giro en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló directamente al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de haber ordenado la destrucción de evidencias fundamentales durante las primeras horas y días posteriores a la trágica noche de Iguala.

De acuerdo con los recientes informes integrados en la carpeta de investigación, la FGR catalogó estas acciones como una “operación dolosa” orquestada y ejecutada desde la cúpula del Ejecutivo estatal. Las autoridades ministeriales sostienen que no se trató de omisiones aisladas ni de negligencia policiaca, sino de una estrategia deliberada y coordinada para encubrir la participación de agentes del Estado y proteger a los grupos criminales que operaban en la región.

El encubrimiento institucional

Las indagatorias ministeriales apuntan a que, presuntamente bajo las instrucciones de la administración de Aguirre, se manipularon, alteraron y eliminaron registros cruciales en bitácoras de seguridad municipal y estatal, grabaciones de los centros de control y comando (C4), así como evidencia física y balística en los distintos puntos donde los estudiantes fueron interceptados.

Este ocultamiento sistemático de pruebas desde el gobierno de Guerrero habría entorpecido de manera irreversible el rastreo inicial de los jóvenes y sentado las bases de opacidad sobre las cuales, meses más tarde, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a nivel federal construyó la hoy desacreditada “Verdad Histórica”.

Exigen nuevas acciones penales

El duro señalamiento de la FGR abre la puerta procesal para fincar nuevas responsabilidades penales no solo contra el exmandatario estatal, sino contra altos funcionarios de su entonces gabinete de seguridad y procuración de justicia que acataron las órdenes de borrar el rastro de los normalistas.

Tras darse a conocer esta información, organizaciones de derechos humanos y los padres de los 43 han reiterado su exigencia para que la Fiscalía proceda de manera inmediata con las imputaciones formales, a fin de desmantelar por completo la red de protección política que ha imperado en el caso durante casi 12 años.